España defiende ante la ONU una Estrategia Nacional de desinstitucionalización y la implantación de un modelo de atención centrado en la persona

17/06/2021

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, anunció ante la Conferencia de los Estados Parte de la Convención que la nueva Estrategia estará complementada por un plan presupuestario ambicioso para hacer de España un país universalmente accesible.

Captura de pantalla de la Conferencia de los Estados Parte, con el DG de Derechos de las Personas con Discapacidad

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, puso en valor ayer ante la Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el desarrollo por parte del Gobierno de España de una Estrategia Nacional de desinstitucionalización y la implantación de un modelo de atención centrado en la persona.

España da respuesta de este modo a las Observaciones Generales realizadas en 2019 por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y cumple al mismo tiempo con una perspectiva exigente de derechos humanos sobre la base de la Convención, que se está materializando y poniendo en valor en la legislación española.

Durante su intervención, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad explicó que en España “entendemos la desinstitucionalización como un proceso de transformación del modelo, y del desarrollo de servicios y apoyos comunitarios centrados en la persona, que respeten su voluntad y sus decisiones. La nueva Estrategia, anunció, “estará complementada por un plan presupuestario ambicioso para hacer de España un país universalmente accesible”.

Según Martín Blanco, el artículo 19 de la Convención nos apremia, porque “no podemos decir que se respetan plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad si no cumplimos en la práctica con todas las obligaciones contenidas en este artículo”.

En su opinión, estos cambios no implican solo el lugar donde viven las personas con discapacidad, sino que “suponen configurar los apoyos, cuidados y servicios poniendo a la persona en el centro de todas las decisiones. Las personas con discapacidad tenemos voz y preferencias que deben ser escuchadas y respetadas”.

Por último, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad recalcó el compromiso de España con la libre autodeterminación de las personas con discapacidad: “La agenda de este gobierno es una agenda de derechos humanos. En este sentido, dedicaremos un presupuesto importante de los fondos de la Unión Europea a hacer efectivos los mandatos del artículo 19 de la Convención”, concluyó.