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Las mujeres y niñas con discapacidad


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Las mujeres y las niñas con discapacidad
tienen más dificultades en su día a día
y un mayor riesgo de sufrir malos tratos, violencia, lesiones o abusos
tanto dentro como fuera de su hogar.

Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren discriminación
por ser mujeres y por tener discapacidad.

El Estado debe hacer leyes y poner en marcha medidas
para que disfruten de sus derechos y libertades
en igualdad de condiciones que el resto de las personas.

Las leyes y las medidas deben tener en cuenta todos los ámbitos,
por ejemplo, la educación, la política, la sanidad o la cultura.

La sociedad debe cambiar sus creencias, prejuicios y estereotipos de género.

Los estereotipos de género son las ideas que tiene una cultura sobre cómo debe ser una persona en función de su género.

Los estereotipos masculinos y femeninos definen
cómo tiene que ser una mujer o un hombre.

La sociedad espera distintas formas de ser para hombres y mujeres.

Los estereotipos de género limitan la capacidad de las mujeres
para desarrollar sus capacidades, sus carreras profesionales
y la toma de decisiones de sus vidas.

Tenemos que luchar contra estos estereotipos.

Las normas culturales y el patriarcado limitan la capacidad de las mujeres
y las niñas con discapacidad de elegir dónde viven y cómo viven.

El patriarcado es un sistema de organización política, social y económica
en el que hay desigualdad de poder entre hombres y mujeres.
Los hombres tienen más poder y dominio
y las mujeres están en una situación inferior y de desventaja.

La edad y la discapacidad aumentan el riesgo de que las mujeres
y las niñas vivan en una institución
y por tanto aumenta el riesgo de sufrir violencia y abusos.

Además, la pobreza es otro problema que afecta a las mujeres
y las niñas con discapacidad
y tienen más dificultades, por ejemplo, para tener una casa.

Hay situaciones graves especiales, por ejemplo,
la violencia que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad
que es preocupante.

En España, tenemos políticas públicas que no tienen en cuenta
la doble discriminación que sufren estas mujeres y niñas
y la consecuencia es que más de 2 millones y medio
de mujeres y niñas quedan desamparadas.

El estado está obligado a escuchar a las mujeres y las niñas con discapacidad
y tener en cuenta su opinión,
sobre todo, en asuntos tan importantes como la salud,
los derechos sexuales y reproductivos
y la violencia de género.

La sociedad nunca ha tenido en cuenta las necesidades de las mujeres
y las niñas con discapacidad.
Por este motivo, sufren una fuerte discriminación.

La igualdad entre hombres y mujeres es esencial. Sin embargo, las mujeres y las niñas con discapacidad siguen encontrando obstáculos en sus vidas y sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por tener una discapacidad.

Por eso es importante la perspectiva de género. Así se consigue que las mujeres con discapacidad vivan de forma independiente y participen plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás.

Las mujeres y niñas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y abuso, en comparación con otras mujeres. Por eso, es muy importante que sean accesibles para mujeres con discapacidad los servicios y los centros para atender a las mujeres víctimas de violencias.

Es importante que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y sus derechos sexuales y reproductivos. Para eso, todos los servicios y programas de salud reproductiva y sexual y planificación familiar, deben tener en cuenta a las mujeres con discapacidad y ser accesibles.

Las mujeres con discapacidad tienen derecho a formar familias y se las debe apoyar en la crianza y protegerlas cuando haya separaciones o divorcios para que puedan seguir estando con sus hijas e hijos.

Las mujeres con discapacidad tienen más paro. Por eso se deben hacer programas que les ayuden a tener más formación y más oportunidades de encontrar trabajo. También hay que desarrollar programas y servicios de empleo que tengan en cuenta a las mujeres con discapacidad.

También se enfrentan con mayores obstáculos para acceder a la justicia: muchas veces no se les cree por tener discapacidad. Además, la falta de accesibilidad en la justicia o en la policía hace más difícil que denuncien.

Las mujeres con discapacidad intelectual, del desarrollo  o psicosocial sufren mucho más la privación de su libertad. Muchas veces son internadas en centros o instituciones cerradas donde están separadas de las demás personas y pueden tener un mayor riesgo de violencia.

Debemos asegurar sus derechos humanos y las libertades fundamentales con diferentes tipos de medidas: legislativas, educativas, administrativas, culturales, políticas, lingüísticas...