Enfoque y datos sobre discapacidad

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística,

en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad.

Solo 1 de 4 personas con discapacidad en edad de trabajar

tiene empleo.

1 millón y medio de personas con discapacidad

tiene dificultades para moverse en su vivienda,

en su edificio o en los accesos.

Pasa lo mismo con los edificios públicos, en las ciudades

y en el acceso a las nuevas tecnologías y la comunicación.

Muchos niños y niñas con discapacidad van a un colegio ordinario

y reciben apoyo especializado.

Más de la mitad de las personas cuidadoras son mujeres.

 

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En lectura difícil

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (EDAD 2020):

• Número total: En España hay 4,38 millones de personas con discapacidad. 
• Género: 2,57 millones son mujeres y 1,81 hombres.
• Escolarización: El 78,7% acude a un colegio ordinario (el 58,7% reciben apoyo especializado) y el otro 20% restante acude a un centro de educación especial.
• Empleo: Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo (23,7% de los hombres y 23,5% de las mujeres).
• Accesibilidad: El 34% de las personas con discapacidad (1,4 millones) tiene dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o en los accesos o interior de su edificio. Un 36,2% del total tiene dificultades para desenvolverse en edificios públicos o en el entorno urbano y el 39,4% de las personas con discapacidad tiene dificultades con las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
• Cuidados: El 63,7% de las personas que cuidan a alguien con discapacidad son mujeres.

La discapacidad es un hecho social y una circunstancia personal presente y

comprobada en todas las comunidades humanas. Personas con una nota de diversidad

que funcionan, por decirlo de algún modo, de una manera diferente al canon de

normalidad extendido que se considera patrón de medida, desde el cual se conciben,

se proyectan y se diseñan los entornos, productos y servicios de desenvolvimiento,

ordenación individual o grupal. Funcionamiento cognitivo, corporal, mental y

comunicativo que no resulta neutro en términos de consideración y reconocimiento,

de decisión sobre su proyecto vital, ejercicio de derechos, acceso a bienes comunitarios

y participación social y que surte efectos que, acumulados y en interconexión, les

sitúan como colectivo en posiciones forzadas de negación, de irrespeto, discriminación,

segregación, dependencia y en situaciones de exclusión estructural y sistémica.

La discapacidad es, por tanto, el producto social de esta nota de diversidad en el

funcionamiento, con un entorno que limita y restringe, generando obstáculos que

impiden o dificultan una vida elegida en la comunidad.

De esta manera, se considera que lo que da origen a la discapacidad son causas

sociales, precisamente porque las sociedades están pensadas y diseñadas para

personas estándar, personas que caminan, que oyen, que comprenden, etc., dejando

en la periferia a aquellas que no se ajustan a esta norma impuesta. La desigualdad

aparece por la incapacidad de la sociedad de eliminar los obstáculos que encuentran

las personas con discapacidad.

La discapacidad es, por tanto, un fenómeno complejo que no se limita simplemente a

un atributo de la persona y que en ningún caso puede ser vista como un “fallo” de la

sociedad, sino como un elemento de su diversidad. No se trata de un problema

individual, sino el resultado de una concepción errónea de la sociedad que debe

reestructurar las políticas, las prácticas, las actitudes y las normativas que dificultan su

plena participación social. Tampoco suele vivirse como una cuestión exclusiva, hacia

dentro, que se limita a la propia persona, sino que irradia y tiene impacto en sus

familias como entorno vital más inmediato, sobre todo, si surge con el nacimiento o en

los primeros estadios de la vida.

Esta realidad entendida, asumida y respetada como una cuestión de derechos

humanos se centra en la dignidad intrínseca del ser humano y, de manera accesoria —

y sólo en el caso que sea necesario— en sus características clínicas. Sitúa al individuo

en el centro de todas las decisiones que le afecten y ubica el centro del problema fuera

de la persona —en la sociedad. Se reconoce así que las personas con discapacidad son

sujetos de derecho, con derechos, y que el Estado y otras entidades tienen

responsabilidades para garantizar su ciudadanía plena.

Afortunadamente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidadasume este enfoque obligando a los Estados Parte a integrarlo en sus políticas públicas.

Este paradigma de la discapacidad basado en los derechos no se ve impulsado por

la conmiseración, sino por la dignidad y la libertad. Busca los medios para respetar,

apoyar y celebrar la diversidad humana mediante la creación de condiciones que

permitan la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. En lugar de verlas

como sujetos pasivos de actos de beneficencia, las empodera y las capacita para que

sean protagonistas de su destino y ser así parte activa de la sociedad: en la educación,

en el trabajo, en la vida política y cultural y en la defensa de sus derechos, mediante el

acceso a la justicia.

Este cambio de visión implica también una profunda transformación de los modelos de

atención a las personas con discapacidad, porque muchas de las instituciones y

servicios de apoyo del presente, responden a una mirada de la discapacidad basada en

el déficit. Por ello, estamos ante un momento histórico en el que debemos impulsar el

tránsito de un modelo de cuidados “institucionalizado y asistencial” a nuevos “modelos

comunitarios y de proximidad”, que contribuyan a proyectos de vida elegidos. Se trata

de un cambio estructural y cultural, que pasa por el cuestionamiento y la superación

de los modelos asistenciales, para promover modelos de apoyo basados en un marco

de derechos humanos, centrados en cada persona y desde un enfoque de desarrollo

comunitario, logrando así el desarrollo de proyectos de vida dignos, elegidos y

compartidos con el resto de la población.

El enfoque de derechos es un acuerdo y un compromiso entre las personas con

discapacidad y los Estados y para que el sistema internacional de derechos humanos

les ampare y alcance de manera efectiva. Este enfoque es vinculante para todos los

Estados que hayan ratificado la Convención; naciones que, por tanto, han de eliminar

las medidas discriminatorias y ser garantes de la igualdad de oportunidades.

Asimismo, establece que todas las políticas y leyes deben formularse con la voz de las

personas con discapacidad, incorporando su realidad a todos los aspectos de la acción

política. Según este patrón, no deben configurarse políticas “específicas” para las

personas con discapacidad, a pesar de las peculiaridades que presenta como colectivo.

El abordaje debe ser transversal, porque se trata de una realidad poliédrica, con

impacto y con obligaciones en todos ámbitos de la administración y en todas las

esferas sociales. El principal titular de obligaciones es el Estado, conformado en el caso

de España por todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y locales,

así como por los órganos legislativos y por el Poder Judicial.

Pero no se puede obviar la responsabilidad que afecta al sector privado: la empresa

debe ser catalizadora de los derechos humanos y debe crear entornos, servicios y

productos inclusivos a su realidad. En un mundo globalizado y altamente

mercantilizado, la iniciativa privada también debe comprometerse con las personas

con discapacidad, para no dejar a nadie fuera del sistema.

Hay que otorgar también un papel específico a la sociedad civil, encarnado en las

organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias que a

través del diálogo civil deben estar presentes en los términos que establece la Ley, en

la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se

desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad.

La CDPD es el gran hecho internacional sobre la discapacidad, el elemento de más

valor que ha producido la comunidad mundial en relación con este grupo humano.

La Convención refuerza el enfoque no discriminatorio, en particular respecto de las

mujeres y las niñas, y exige a los Estados partes que vayan más allá de abstenerse de

realizar acciones discriminatorias y pasen a adoptar medidas encaminadas al

desarrollo, el adelanto y su la potenciación de las mujeres y las niñas con discapacidad,

y a la promoción de iniciativas para potenciarlas reconociendo que son titulares

diferenciadas de derechos, ofreciendo vías para que se escuche su voz y ejerzan su

capacidad de agencia, reforzando su autoestima y aumentando su poder y autoridad

para adoptar decisiones en todas las esferas que afectan a su vida.