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Normativa sobre discapacidad


Imagen noticia Normativa sobre discapacidad

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad
fue muy importante
y España firmó la Convención en 2007.

La Convención explica que todas las personas
con cualquier tipo de discapacidad
deben disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Todos los países que firmaron la Convención
se han comprometido a hacer y poner en marcha leyes
para asegurar que las personas con discapacidad
disfrutan de sus derechos y acceden, por ejemplo,
a la educación, al empleo y a la información.

Si quieres saber más sobre la Convención pincha en este enlace:

Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lectura fácil

Si quieres saber más sobre Naciones Unidas pincha en este enlace:

www.un.org/es

Importante: la información que vas a leer en el enlace
no está en lectura fácil.


En España, tenemos la Ley General de los derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social
del año 2013.

Esta Ley tiene en cuenta muchas cuestiones, por ejemplo,
el respeto a la dignidad, el derecho a una vida independiente,
la igualdad de oportunidades y no discriminación y la accesibilidad.

Además, protege de manera especial a las niñas, los niños
y las mujeres con discapacidad.

Si quieres saber más sobre esta ley pincha en este enlace:

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en lectura fácil

Toda la normativa actual sobre discapacidad se basa en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y está firmado y ratificado por España desde 2007.

Esta Convención supuso un hito histórico y un cambio radical de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas debemos poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

La Convención propone a los países que la ratifican su implicación en la elaboración y puesta en práctica de políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en ella, con el objetivo de cambiar la percepción sobre la situación de las personas con discapacidad, combatiendo los estereotipos y prejuicios y promoviendo la conciencia de las capacidades de esas personas y su contribución a la sociedad.

A la vez, la Convención es un instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones con el objetivo de mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas con discapacidad, el acceso a la información y sistemas de salud adecuados así como a movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales, proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de las personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

Forman parte del articulado de la Convención, la igualdad de derechos con el resto de la ciudadanía, la accesibilidad al entorno, al transporte, a la información o comunicaciones, un sistema de apoyos personales y residencias, la protección social o el derecho a un empleo, con especial referencia a niños, niñas y mujeres con discapacidad.

Lee nuestra publicación:

Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lectura fácil


Otro hito en la normativa española sobre discapacidad es laLey General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas precisan, en mayor o menor medida, de una protección singular en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervivencia de barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.

Esta Ley reconoció, en 2013, a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se rige por los principios de respeto a la dignidad, a la vida independiente, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, diálogo civil y transversalidad de las políticas. Además, reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones, y se protege de manera singular a las niñas, los niños y las mujeres con algún tipo de discapacidad.

Lee nuestra publicación:

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en lectura fácil