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España da respuesta a la ONU sobre la protección de las personas con discapacidad en conflictos armados


25/06/2021

A través de su respuesta al Relator Especial sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce oficialmente las obligaciones mencionadas en el artículo 11 de la Convención, sobre seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo.

Logo de Naciones Unidas en color azul con texto Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y logotipos de la DG y el Real Patronato sobre Discapacidad

La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha dado respuesta a la solicitud remitida por Naciones Unidas para la investigación del Relator Especial sobre Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la aplicación actual de los Estados en relación con las obligaciones específicas enumeradas en el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Resolución 2475 (2019) del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en el contexto de los conflictos armados.

En concreto, el artículo 11 de la Convención señala que “los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.

A través de su respuesta al Relator Especial sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, España reconoce oficialmente las obligaciones mencionadas en el artículo 11 de la Convención, que adoptó de forma efectiva el 3 de mayo de 2008 al firmar y ratificar este instrumento y su Protocolo facultativo, formando parte plenamente desde entonces del ordenamiento jurídico español.

Además, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad especifica en su respuesta las iniciativas puestas en marcha en relación con la protección de las personas con discapacidad en los conflictos armados, mencionando entre otras cuestiones la recién aprobada Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, que establece como uno de sus ejes prioritarios la promoción de los derechos humanos y tiene en cuenta de forma específica los derechos de las personas con discapacidad; los protocolos y documentos elaborados por la Unidad Militar de Emergencias (UME); la creación de órganos específicos como la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas (OADISFAS) del Ministerio de Defensa y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio; o los esfuerzos realizados en el desarrollo de capacidades entre las partes interesadas que intervienen en situaciones de emergencia, incluidos los conflictos armados, en relación con los derechos de las personas con discapacidad, en la que también se recoge la colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o la Asociación de Militares y Guardias Civiles españoles con Discapacidad (ACIME).

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha manifestado la importancia de seguir fortaleciendo el compromiso nacional con los órganos de Naciones Unidas al tiempo que trabajamos por cumplir con una perspectiva exigente de derechos humanos sobre la base de la Convención, que nos permita construir sociedades pacíficas e inclusivas en línea con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El artículo 11, ha señalado, “debe ser tenido en cuenta al mismo nivel que el resto de artículos para que España pueda decir que se respetan plenamente los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues aunque nuestro compromiso sea con la paz, la voz de las personas con discapacidad debe ser escuchada y respetada en todos los contextos, también en situaciones de riesgo, conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.