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Ione Belarra: Hoy la accesibilidad cognitiva es Ley y con ello mejoramos la calidad de nuestra democracia
17/03/2022
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la modificación de la Ley General de Derechos de la Personas con Discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El texto regula la accesibilidad cognitiva, dimensión de la accesibilidad universal que hasta ahora carecía de reconocimiento legal en España. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destacado que con esta Ley “facilitamos la incorporación plena de más personas a nuestra sociedad”.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, tras el debate de las enmiendas incorporadas por el Senado, la Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para incorporar y regular la accesibilidad cognitiva.
De esta manera, se reforma la conocida como Ley General de Discapacidad para “garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación del entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones a disposición o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”, según el texto aprobado por el Congreso.
“Hoy la accesibilidad cognitiva es Ley y con ello mejoramos la calidad de nuestra democracia” ha dicho la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ya que “los servicios, entornos y políticas públicas serán comprensibles y podrán ser practicados por todas las personas, sin excepciones, que es la vía para que los derechos sociales cobren sentido en la vida de la gente”.
Con la aprobación de esta ley, hoy, “situaciones cotidianas como entender un diagnóstico médico o una factura, asistir a un juicio, visitar un museo o viajar, no sólo deberán atender las realidades diversas de personas con discapacidad, intelectual, del desarrollo o mental sino también la realidad de nuestros mayores y las personas migrantes” aplaude Belarra, quien recuerda que gracias a la accesibilidad cognitiva todas las personas podrán “estar y participar en sociedad” y “en definitiva, ejercer todos sus derechos”.
Según ha adelantado la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno aprobará el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, con el objetivo de que se puedan transformar entornos, servicios y productos para hacerlos plenamente accesibles a todas las personas y que “estará atravesado por la accesibilidad cognitiva e incluiría medidas concretas en cada uno de los ejes”, anuncia su director general Jesús Martín Blanco.
Para su puesta en marcha, entre las inversiones del Plan ‘España País Accesible’ con 170 millones de euros repartidos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, va a tener un peso significativo la accesibilidad cognitiva en centros y servicios públicos.
La reforma de esta ley dispone la creación del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva como organismo dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, que se pondrá en marcha este año gracias al Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia, como “unidad experta para el despliegue de esta ley, la generación de conocimiento, la innovación y en el que se generarán puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como especialistas en última instancia de esta dimensión de la accesibilidad universal”.
Asimismo “se incluirán las medidas de esta ley en el nuevo programa de ayudas al estudio del Real Patronato con Discapacidad, para que las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y psicosocial cuenten con los recursos para que aseguren su inclusión educativa”, ha anunciado Martín Blanco.
Promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), esta Proposición de Ley para regular la accesibilidad cognitiva fue aprobada por el Senado con un completo consenso político, desde donde pasó al Congreso para su tramitación definitiva.