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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 espera que "vea la luz cuanto antes" la reforma que elimine el término 'disminuido' de la Constitución
26/04/2022
El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario general del Real Patronato sobre Discapacidad, Ignacio Álvarez, ha pedido a todas las fuerzas políticas consagrar constitucionalmente la expresión “personas con discapacidad”, como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España.
Este martes el Congreso de los Diputados ha acogido el seminario 'LISMI 1982-2022: 40 años de la primera Ley general de discapacidad en España' organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para reflexionar sobre las transformaciones que generó una norma pionera que permitió que las personas con discapacidad tuvieran por primera vez nombre propio en la legislación española.
En el marco de este evento se ha pedido de forma unánime reformar el artículo 49 de la Constitución para que España erradique el término “disminuido” de la Carta Magna y sitúe a las personas con discapacidad en el marco de los derechos humanos. Esta sería la primera reforma social de la Constitución española.
Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario general del Real Patronato sobre Discapacidad, ha remarcado en este acto que “los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos”, y que “existe el máximo compromiso del Ministerio de Derechos Sociales para que la reforma de la Constitución vea la luz cuanto antes”. Según Álvarez “no hay motivos para esperar más” ya que es “una demanda del conjunto de la sociedad española y debemos estar a la altura”. “Pido hoy a todas las fuerzas políticas que esta reforma se realice lo más rápido posible” ha reclamado.
La inauguración en el Congreso de los Diputados de este seminario ha sido a cargo de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados; Jesús Martín Blanco, director general del Real Patronato sobre Discapacidad y, conectado en remoto, Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La presidenta del Congreso, que ha condensado el espíritu de este acto en tres ideas: "derechos humanos, dignidad y esperanza” por su parte espera que "podamos estar a la altura y sumemos los consensos necesarios para responder a las demandas de las propias personas con discapacidad".
Por su parte, Martín Blanco ha reivindicado como urgente esta primera reforma social de la Constitución, para quien “no admite excusas, ni aplazamientos” porque “resulta inasumible que en la España de 2022 la Constitución se refiera a parte de la ciudadanía como ‘disminuidos’, una palabra que no solo está superada en el tiempo, sino que es percibida y sentida por las personas con discapacidad y por sus familias como ofensiva e hiriente”.
40 años de avances legislativos para las personas con discapacidad
Aprobada el 7 de abril de 1982, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, más conocida como LISMI, fue la primera ley general de discapacidad en España y supuso la aplicación legal de los principios rectores para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad que establecía el artículo 49 de la Constitución, aprobada cuatro años antes.
Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, en su ponencia marco '40 años de legislación sobre discapacidad en España, de la atención a los derechos' ha analizado la historia y el contexto del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, desde el inicio del reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales en Europa hasta la aprobación de la LISMI en España, pasando por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
En el conversatorio 'Horizontes legislativos en materia de personas con discapacidad. La reforma constitucional en curso', moderado por Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad, han participado Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Juan Carlos Iturri, magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Antonio Luis Martínez, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Mª Carmen Barranco, profesora titular de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; Enrique Belda, profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y Mayte Gallego, patrona de la Fundación CERMI Mujeres.