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Derechos Sociales incrementa un 463 % la inversión en políticas de discapacidad entre 2020 y 2022


Imagen noticia Imagen de papeles con gráficas de tendencia ascendente y una mano señalando los datos

30/12/2022

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 invierte 292.458.972 € en discapacidad en tres años.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha incrementado de 2020 a 2022 la inversión destinada a la discapacidad hasta superar los 292 millones de euros.

Cumpliendo los objetivos fijados en la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 para hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, el Ministerio ha dotado presupuestariamente todas las áreas relacionadas: la accesibilidad universal, la investigación e innovación, las ayudas al tercer sector o la educación de las personas con discapacidad.

El Ministerio ha hecho una apuesta decidida por actuaciones vinculadas con la discapacidad en los fondos Next Generation, articulados en el componente 22 del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ (PRTR).

El mayor incremento se ha dado en el campo de la accesibilidad universal, condición sin la cual las personas con discapacidad no pueden ver garantizados sus derechos. En los últimos tres años, el Gobierno ha destinado más de 188 millones de euros, un 8412 % más que el total invertido los años 2017, 2018 y 2019, para mejorar los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

En ese sentido, se han transferido más de 186 millones a diferentes ministerios y a las comunidades autónomas para el cumplimiento del “Programa España País Accesible’, enmarcado en el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos. De ellos, 50 millones de euros han estado dirigidos a dotar de accesibilidad a las viviendas de personas con discapacidad, personas mayores o en situación de dependencia.

Además, el Gobierno ha incrementado en más de un 677 % las ayudas directas a la educación de las personas con discapacidad a través del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», orientado a que las y los estudiantes con discapacidad puedan desarrollar su plan formativo en condiciones de igualdad y no discriminación. Estas ayudas contribuirán a sufragar cuestiones clave en la formación de las personas con discapacidad como son, entre otras, disponer de asistentes personales, intérpretes de lengua de signos, guías intérpretes para personas sordociegas, productos de apoyo y ayudas técnicas y tecnológicas, necesarios refuerzos educativos, ayudas de una tercera persona para el desplazamiento o la movilidad, idiomas y también poder costear la preparación de oposiciones.

El Ministerio sigue apostando por respaldar el deporte paralímpico, poniendo en el último año énfasis en el apoyo a las mujeres deportistas con discapacidad, a través de una subvención cercana a los 90 mil euros al Comité Paralímpico de España.

Las ayudas al tercer sector de acción social de la discapacidad también han crecido, en este caso, en más de 45 millones de euros hasta superar los 91 millones, que han sido principalmente destinados a proyectos de desinstitucionalización y de accesibilidad.

En el caso del gasto en investigación e innovación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destinado más de 3,5 millones y medio de euros en lo que va de legislatura. Se trata de una apuesta clave por la ciencia que dará certezas y rigor al diseño de políticas sociales y que permite poder avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad a través de soluciones avanzadas de innovación social y tecnológica.

Asimismo, se ha destinado casi medio millón de euros a la toma de conciencia, a través de la primera campaña institucional del Gobierno de España destinada a promover el respeto hacia las personas con discapacidad, desde su diversidad, libertad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Para el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad Jesús Martín Blanco, “los compromisos políticos deben ir acompañados de inversión pública para que verdaderamente sean transformadores y lleguen al día a día de las personas con discapacidad y sus familias”. Para Martín Blanco este incremento en el gasto en discapacidad es una buena noticia que debería ser “sostenida y sostenible”, precisamente porque “se trata de ciudadanas y ciudadanos con muchas necesidades que precisan del acompañamiento y el apoyo de las administraciones públicas para romper las brechas de desigualdad y acelerar su inclusión”.

Este compromiso presupuestario se extiende a los próximos cuatro años, en los que se destinará una dotación cercana a los 140 millones de euros a promover la salud de las personas con discapacidad, especialmente para asegurar la atención temprana, la autonomía personal y vida independiente, la investigación, o la accesibilidad a los servicios de salud, entre otros.

Infografía con la inversión en discapacidad del Gobierno