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Derechos Sociales elabora un estudio sobre la situación de las personas con sordoceguera en España


Imagen noticia Se ve un hombre sentado en un banco con un perro guía.

El objetivo del estudio es analizar la realidad de estas personas para poder fundamentar las políticas públicas y las medidas a desarrollar. Se responde así al mandato legal reflejado en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en su disposición adicional sexta, que recoge la necesidad de realizar un estudio en el que se recogiera el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, a efectos de determinar los recursos más acordes con las especiales necesidades de este grupo.

El Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha publicado este martes el estudio ‘Situación de las personas sordociegas en España’, para poder fundamentar las políticas públicas y las medidas a desarrollar, en función de los resultados obtenidos y sobre las necesidades reales del colectivo.

El estudio analiza los principales retos, barreras o dificultades que experimenta el colectivo y proporciona una batería de propuestas en ámbitos que van desde la salud, la educación, la vivienda o la tecnología. Ha sido llevado a cabo por Ilunion Accesibilidad, con el apoyo de entidades del tercer sector, por iniciativa del Real Patronato sobre Discapacidad.

En el acto de presentación, incluido en la celebración del ‘Día Internacional de las Personas con Sordoceguera’, Jesús Martín Blanco, director del Real Patrona sobre Discapacidad, ha dicho que “era urgente disponer de los datos y de la situación de la población con sordoceguera en nuestro país, para poder aplicar políticas certeras que aseguren su autonomía e inclusión. Este Ministerio se toma en serio los mandatos que emanan de las leyes y ha trabajado para atender desarrollos como éste que estaban pendientes desde hace más de 15 años”.

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, define por primera vez en España la sordoceguera como discapacidad única y establece el concepto de persona con sordoceguera: “aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.”

El estudio atiende a la heterogeneidad que caracteriza al colectivo, y al reto que este rasgo supone en cuanto a la cobertura de sus requerimientos. Esta heterogeneidad deriva del momento de aparición de la discapacidad, la funcionalidad visual y auditiva, el sistema de comunicación, junto a las características individuales (sexo, edad, etc.) y situación contextual (acceso a la educación, entorno laboral, prestaciones, relación familiar, etc.).

Se basa en fuentes estadísticas o registros de uso estadístico como la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020 del Instituto Nacional de Estadística; la base estatal de datos de personas con discapacidad; y la base de datos de afiliados con sordoceguera de ONCE.

El estudio pone de manifiesto la dificultad para determinar los datos demográficos sobre la población con sordoceguera que van desde las 9 mil de la encuesta EDAD del INE a 229.949 personas que han manifestado que cumplen con los criterios de sordoceguera (incluyendo limitación visual moderada y limitación auditiva moderada).

Además, se observa que se trata de un colectivo muy envejecido, al presentarse con mayor frecuencia la sordoceguera en edades avanzadas. Por edad, el 2,53 % es menor de 35 años; el 20,9 % tiene entre 35 y 65 años; el 76,6 % es población de más de 65 años.

Por sexo, el 60,29 % son mujeres y 39,71 % hombres, desequilibrio que se explica por la mayor esperanza de vida entre las mujeres.

Con este estudio se lanzan una serie de propuestas en diferentes ámbitos:

  • Diseño de servicios diversificados a la hora de considerar los facilitadores, recursos y apoyos  que atiendan a la variedad de su características individuales y del sistema de comunicación empleado.
  • Acciones formativas y sensibilización de equipos profesionales ante el desconocimiento de la sordoceguera en los distintos ámbitos (social, profesionales de atención en salud, educación, etc.).
  • En el ámbito de la salud, se requieren vías y apoyos (guía intérprete, mediador, familia, formación de personal sanitario) para facilitar la comunicación. Asimismo, resulta aconsejable establecer prioridad de atención en espacios presenciales. También, se hace preciso contar con un servicio 24 horas en el que se pueda solicitar un profesional competente en sistemas alternativos de comunicación de personas sordociegas que pueda acompañar la comunicación.
  • En relación con la atención educativa es necesaria la formación en materia de sordoceguera de los equipos educativos y promover una educación inclusiva desde la Administración pública, con los servicios de mediación e interpretación necesarios, atendiendo y promoviendo las condiciones laborales de guías intérpretes y mediadores.
  • En tanto en cuanto a la vivienda, se hace necesario promover viviendas que cuenten con apoyos adecuados. También se considera aconsejable que agrupar en un mismo centro a varias personas sordociegas de características comunicativas similares.
  • En cuanto a los recursos para la autonomía personal, es necesario contar con servicios de rehabilitación acordes a cada fase de la sordoceguera, que doten a la persona sordociega de habilidades y estrategias para la realización de actividades de autocuidado, actividades del hogar, orientación y movilidad independiente, así como el desarrollo de estrategias que permitan a la persona sordociega la mayor autonomía en la comunicación. Además, en función de las necesidades de cada persona sordociega se requiere: contar con la realización de evaluaciones periódicas; psicólogos/as que ayuden en el ajuste a la situación de sordoceguera en distintas fases; contar con apoyo humano conocedor de los sistemas de comunicación (asistente personal, mediador o guía intérprete); volver accesibles los espacios habituales de la persona sordociega: su hogar, entorno exterior y transporte público que utiliza; servicios de atención al público accesibles, presenciales o a distancia; identificadores de personas responsables o de referencia en los lugares públicos; el entrenamiento y uso de las tecnologías accesibles de la comunicación y acceso a la información.
  • En el ámbito de las tecnologías, que juegan un papel clave, resulta necesario el impulso de la investigación multidisciplinar en este campo, el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para dar respuesta y mejorar la situación del colectivo en los distintos ámbitos, así como favorecer el intercambio y transferencia de buenas prácticas, tanto en el ámbito estatal como internacional.

 

 → El estudio íntegro puede consultarse aquí:  https://www.rpdiscapacidad.gob.es/estudios-publicaciones/Sordoceguera_En_Espana.htm