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Celebración del I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad
23/11/2012
El I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad ha reunido a profesionales, académicos y expertos que han debatido sobre educación inclusiva, accesibilidad en la universidad y acceso al mercado laboral.
Sólo el 5% de los demandantes de empleo con discapacidad de la bolsa de trabajo de Fundación ONCE tienen una formación superior, según señaló este viernes Sabina Lobato, directora de Empleo, Formación y Proyectos de Fundación ONCE, en la jornada de clausura del I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE, con la colaboración de Fundación Universia, Fundación Vodafone y el Real Patronato sobre Discapacidad.
Lobato expuso los datos extraídos de la bolsa de trabajo de Fundación ONCE que recoge un total de 125.000 demandantes de empleo. En su intervención, la responsable de Empleo de Fundación ONCE animó a las universidades a que establezcan vínculos con las empresas que han mostrado mayor acercamiento a la inserción de personas con discapacidad para derivar allí las prácticas que ofrecen a sus estudiantes. También para que los titulados que salen de sus universidades se acerquen a los servicios de empleo de Fundación ONCE.
En el ámbito educativo, recordó que sólo el 8% de las personas con discapacidad tiene estudios universitarios, frente al 30% del resto de la población. Por ello, apostó por cambios en contenidos y estrategias de enseñanza que logren acabar con la exclusión y reducir la tasa de abandono escolar, que en el caso de los estudiantes con discapacidad asciende al 53%. “Se han producido avances que ahora mismo están en riesgo”, advirtió. “No queremos que se pongan límites a las personas. El objetivo fundamental es maximizar el desarrollo económico y social, y al final eso garantiza la plena inclusión y su autonomía”.
En esta misma línea, el director del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Díaz, señaló que la desigualdad en el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad supone también una desigualdad en el acceso al mercado laboral y en el nivel de ingresos que perciben.
En su opinión, y según muestran los datos, las personas con discapacidad que cuentan con un título universitario tienen “mayores tasas de actividad y de ocupación”. Sin embargo, añadió que la consecución de una inclusión en igualdad de condiciones en el empleo cualificado acorde a la titulación universitaria no es fácil, pues depende de factores externos como los empleadores, “que siguen viendo la discapacidad como un inconveniente”, las dinámicas de los procesos de selección y la escasez de ofertas de trabajo cualificadas en las bolsas de empleo específicas, entre otros.
Por su parte, Mariona Dalmau, de la Universidad Ramón Llull, explicó los resultados de un estudio realizado con la Fundación Universia en el que participaron 77 estudiantes universitarios con discapacidad de casi todas las provincias españolas. Los resultados indican que se debe realizar una orientación preuniversitaria personalizada que responda a las necesidades reales de las personas con discapacidad.
En este sentido, señaló que “hay que ser capaces de organizar una inserción laboral normalizada, ya que entendemos la diversidad como una globalidad y todos necesitamos apoyos para poder avanzar y hacer una universidad en la que se entienda a las personas diversas”.
En el ámbito de la investigación y la innovación educativas, puestas al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, Julio Abascal, de la Universidad del País Vasco, ofreció una ponencia sobre el futuro de la I+D en Accesibilidad a las TIC en Europa.
Durante su exposición, explicó el plan de acción del proyecto ‘Cardiac’, que reúne a los diferentes agentes relacionados con las TIC accesibles con el objetivo de identificar las lagunas existentes en I+D y diseñar una hoja de ruta de investigación en este campo.
Según dijo, este plan de acción ha de incluir una adecuada provisión de servicios de red que permitan la interacción entre la persona y un operador incluyente, donde todas las ideas se estructuren en un árbol de prioridades en función de las necesidades de cada usuario.
Por su parte, Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, abordó el concepto de calidad de vida como modelo teórico de evaluación y aplicación. A su juicio, la mejora de la calidad de vida se sustenta en el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar médico, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la inclusión social y los derechos de las personas.
Por último, Miguel Ángel Ramiro, de la Universidad de Alcalá de Henares, habló durante su intervención sobre el papel que deben jugar las personas con discapacidad dentro de las investigaciones clínicas.