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Personas con discapacidad intelectual de toda España salen a la calle para exigir un paso adelante por su derecho a decidir
03/09/2021
El 3 de septiembre entra en vigor la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apoyadas por las entidades de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) celebraron esta mañana la entrada en vigor de la reforma legislativa que deja atrás la incapacitación judicial y apuesta por un nuevo sistema de apoyos tal y como exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un acto conjunto replicado de manera presencial y online en diferentes comunidades autónomas.
En el caso de la AEFT, que organizó el acto en Madrid junto a Fundación Kyrios y FUTUMAD, entidades de su red, más de una veintena de personas con discapacidad, acompañadas por representantes de las organizaciones y del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, acudieron a la sede de esta última institución para leer el manifiesto conjunto que sonó a las 12:00 de este mediodía en varios territorios de España.
Con este manifiesto en lectura fácil, las personas con discapacidad, además de celebrar este hito histórico, que garantiza por ley su derecho a decidir, exigieron junto a las entidades que las apoyan y agentes jurídicos, políticos y sociales, el compromiso de las administraciones públicas para que se garantice este derecho en las leyes de Servicios Sociales de todas las comunidades autónomas.
Asimismo, han exigido que se pongan a disposición de la administración de justicia los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y procesos de garantía de apoyos según lo que establece la nueva legislación.
Del mismo modo que se incide en la importancia del soporte económico para quienes prestan los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, ya que, desde hace años, en algunos territorios, se viene arrastrando una situación que dificulta el trabajo de las entidades de apoyo, que se ven obligadas a duplicar esfuerzos para encontrar financiación suficiente que sostenga las estructuras profesionales que se necesitan para garantizar el apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Por otro lado, se ha solicitado unión y compromiso de quienes intervienen en los procesos de provisión de apoyos, personas con discapacidad, familias, poder judicial, notariado, abogacía, etc., para que estos procedimientos y la revisión de las antiguas sentencias se realicen de acuerdo con la nueva ley, asegurando la participación de la persona con discapacidad y la búsqueda de los apoyos más adaptados a sus necesidades.
También se ha profundizado en la necesidad de que este cambio de mirada hacia las personas con discapacidad que necesitan apoyos a la capacidad jurídica, vaya más allá de las entidades y servicios de apoyo, sus familias y los agentes jurídicos. Por ello, se ha hace un llamamiento a la sociedad en general para que se sume a ese cambio de mirada y que, además de lograr una “vida digna, deseada y normalizada” también tengan una vida incluida en su comunidad.
Por su parte, Jesús Martín Blanco expuso que “la plenitud de derechos por parte de las personas con discapacidad pasa, indudablemente, por el completo reconocimiento, sin mermas, de nuestra capacidad jurídica tal y como viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales que ha asumido España en materia de derechos humanos”. En este sentido, aseguró que esta reforma “supone que se respete la voluntad de las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, que no es otra cosa que garantizar su igualdad ante la Ley. Porque la discapacidad no define ni agota a la persona. Cumplimos con la Convención de la Discapacidad por absoluta convicción y porque es una Ley que nos obliga y nos compele”. “Desde hoy España es un país más seguro y más decente para las personas con discapacidad, porque su nuestra voz se oye, se escucha y se respeta en la Ley. Hoy crecemos en democracia porque fuera de Ley quedamos desnudas de derechos”, afirmó.
Irene Yepes, directora de la AEFT concluyó poniendo de manifiesto la importancia de que “las personas con discapacidad apoyadas por las entidades de nuestra red salgan a la calle a reivindicar con voz propia sus derechos, a ser visibles para las diferentes administraciones y que se escuchen sus exigencias”.
Descarga el manifiesto en lectura fácil.
Autoría imagen: Antonio Jiménez Lara.