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Derechos Sociales apela al 'sentido común y de Estado' para eliminar el término "disminuido" de la Constitución
05/12/2022
Así se ha manifestado en el encuentro entre la Secretaría de Derechos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que ha tenido lugar en vísperas del Día de la Constitución
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, han celebrado un encuentro este lunes en vísperas del Día de la Constitución para pedir que se culmine la reforma del artículo 49 de la Carta Magna y eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por “personas con discapacidad”, como corresponde a los mandatos la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y que forma parte de la legislación desde el año 2007.
“En los últimos años España se ha movido con paso firme hacia la consolidación de derechos sociales para las personas con discapacidad (…) es impropio de una democracia del siglo XXI como la nuestra tener en su Carta Magna un término como el de ‘disminuido’, que es sentido con un enorme dolor por el conjunto de la población con discapacidad y que es además absolutamente innecesario porque existe un amplísimo consenso en la sociedad española para la eliminación de este término”, ha explicado el secretario de Estado al atender a los medios de comunicación antes del encuentro.
“Apelo al sentido común, al sentido de Estado del conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso para que podamos avanzar en esta reforma del artículo 49 y de alguna forma celebrar el Día de la Constitución como mejor merece, con un artículo 49 que se corresponda con los tratados internacionales y con las Convenciones de Naciones Unidas, y que sea traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico”, ha indicado Álvarez.
“Ese término nos duele y no nos reconocemos en él”, ha sentenciado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín. Según ha explicado, la reforma de la Constitución en torno a la modificación del artículo 49 fue consensuada por “todos los grupos parlamentarios, sin excepciones”. Posteriormente, cuando el proyecto de reforma fue remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en junio de 2021, los grupos parlamentarios de PP y Vox enmendaron el texto en su totalidad y sigue bloqueado en la actualidad.
Esta reforma “no es un capricho de este Gobierno, responde a una demanda legítima de las organizaciones de la discapacidad (…) apelamos a ese consenso, a esa unidad de todas las fuerzas políticas, que la ha habido y que siempre la hay cuando se trata de temas de discapacidad para superar la España en blanco y negro” ha insistido Martín.
Por su parte, el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez, también ha ahondado en el compromiso de las organizaciones representantes de la discapacidad: “no vamos a cejar, nuestra presión es insistente”. Asimismo, ha argumentado que esperan que la reforma “no pase más tiempo retenida y en unos meses esté aprobada con consenso”.
Desde el CERMI esperan que sea “una reforma país y una mejora, no sólo para las personas con discapacidad, si no para la decencia democrática y para nuestro sistema constitucional”. “No estamos corrigiendo la Constitución, estamos mejorándola, y el mejor homenaje que se le puede hacer a la Constitución, es mejorarla para que se refiera con respeto y positividad a las personas con discapacidad”, ha concluido.
De llevarse a cabo, supondría la primera gran reforma puramente social de la Constitución, ya que va mucho más allá de un cambio terminológico. Según Derechos Sociales, el nuevo artículo 49 tendrá una redacción completamente renovada, que entiende y asume la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos tal y como dictan las Naciones Unidas. Asimismo, en la nueva redacción del artículo 49 que propone el Gobierno, tienen voz y lugar propio las mujeres y las niñas con discapacidad, las grandes olvidadas en los textos legales.
Esta reforma responde a una demanda histórica de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas y es fruto al consenso de todos los grupos parlamentarios de la última legislatura, en la que la Comisión de Discapacidad del Congreso instó al Gobierno a impulsar esta reforma, precisamente para que el texto propuesto tuviera todos los avales de los órganos consultivos como el Consejo de Estado.